davozs
08/11/12, 10:12
http://www.abcdesevilla.es/20121107/andalucia/sevi-interventor-corrupcin-201211062127.html
Transcribo la noticia:
"Quien fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, argumenta que el Gobierno andaluz pudo frenar, tras recibir sus auditorías alertando de serias irregularidades, el sistema ilegal de propició el fraude en las ayudas a empresas y prejubilados durante una década. "Hubiera bastado una orden verbal de los órganos superiores de la Consejería de Empleo para que todo el tinglado de corrupción se hubiera desmantelado en 24 horas", afirma categórico el alto funcionario. En este sentido, recuerda que el consejero de Empleo, por entonces Antonio Fernández, "recibió un informe de la Intervención comunicándole que en la Dirección General de Trabajo se estaban tramitando subvenciones que, de modo generalizado, podían ser nulas de pleno derecho".
En una entrevista en exclusiva a ABC, Manuel Gómez denuncia que está siendo objeto de una campaña de "tergiversación" de sus declaraciones ante la comisión de investigación del caso de los ERE el pasado agosto que atribuye a cargos del PSOE, IU y la Junta para salvaguardar a otros responsables políticos. De ahí que remitiera un informe complementario el pasado miércoles a la comisión de los ERE que desdeñaron desde IU y PSOE. Advierte de que con el sistema que se diseñó para el programa de los ERE, conocido como 31L o "fondo de reptiles", impedía su fiscalización previa. "El juicio jurídico que merecen las subvenciones es aún más grave que tildarlas de ilegales. Son nulas. No lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo de Andalucía, el TSJA y ¡agárrese!, lo dice la propia Consejería de Empleo, es decir, la Junta de Andalucía, que inició la declaración de nulidad masiva de todas las subvenciones del programa 31L", argumenta.
"La Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones precisamente por los mismos que ahora le reprochan que no ejerciera esos supuestos poderes prodigiosos, que son sólo imaginarios". "El control de la Intervención, respecto de estas subvenciones, se limitó a auditar la labor de mandatario de pago de la agencia IFA/IDEA (entidad pagadora de las ayudas que le ordenaba la Consejería de Empleo). En materia de auditoría, la Intervención no tiene ninguna facultad coercitiva ni suspensiva. Ninguna", aclaró.
Gómez, por último, cuestionó que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004/09), no actuara para frenar las irregularidades "siquiera por razones de oportunidad", aunque no esté obligado a hacerlo "legalmente", dado que la gestión del programa 31L provocó un déficit presupuestario que afectaba a su Consejería. "Decir que el consejero de Hacienda no actuó porque no recibió un informe de actuación no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina", advierte. También censura que desde el PSOE se argumente que el interventor no tomara más medidas para frenar las irregularidades tras realizar un informe especial "no previsto en ninguna norma", cuando ni desde Empleo ni desde Hacienda se actuó. Sobre el consejero de Hacienda, señala que "la ley no le impone una respuesta preceptiva ante las auditorías, pero eso no significaba que se limitara a archivar" los informes que le llegaban de la Intervención general."
Saludos.
Transcribo la noticia:
"Quien fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, argumenta que el Gobierno andaluz pudo frenar, tras recibir sus auditorías alertando de serias irregularidades, el sistema ilegal de propició el fraude en las ayudas a empresas y prejubilados durante una década. "Hubiera bastado una orden verbal de los órganos superiores de la Consejería de Empleo para que todo el tinglado de corrupción se hubiera desmantelado en 24 horas", afirma categórico el alto funcionario. En este sentido, recuerda que el consejero de Empleo, por entonces Antonio Fernández, "recibió un informe de la Intervención comunicándole que en la Dirección General de Trabajo se estaban tramitando subvenciones que, de modo generalizado, podían ser nulas de pleno derecho".
En una entrevista en exclusiva a ABC, Manuel Gómez denuncia que está siendo objeto de una campaña de "tergiversación" de sus declaraciones ante la comisión de investigación del caso de los ERE el pasado agosto que atribuye a cargos del PSOE, IU y la Junta para salvaguardar a otros responsables políticos. De ahí que remitiera un informe complementario el pasado miércoles a la comisión de los ERE que desdeñaron desde IU y PSOE. Advierte de que con el sistema que se diseñó para el programa de los ERE, conocido como 31L o "fondo de reptiles", impedía su fiscalización previa. "El juicio jurídico que merecen las subvenciones es aún más grave que tildarlas de ilegales. Son nulas. No lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo de Andalucía, el TSJA y ¡agárrese!, lo dice la propia Consejería de Empleo, es decir, la Junta de Andalucía, que inició la declaración de nulidad masiva de todas las subvenciones del programa 31L", argumenta.
"La Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones precisamente por los mismos que ahora le reprochan que no ejerciera esos supuestos poderes prodigiosos, que son sólo imaginarios". "El control de la Intervención, respecto de estas subvenciones, se limitó a auditar la labor de mandatario de pago de la agencia IFA/IDEA (entidad pagadora de las ayudas que le ordenaba la Consejería de Empleo). En materia de auditoría, la Intervención no tiene ninguna facultad coercitiva ni suspensiva. Ninguna", aclaró.
Gómez, por último, cuestionó que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004/09), no actuara para frenar las irregularidades "siquiera por razones de oportunidad", aunque no esté obligado a hacerlo "legalmente", dado que la gestión del programa 31L provocó un déficit presupuestario que afectaba a su Consejería. "Decir que el consejero de Hacienda no actuó porque no recibió un informe de actuación no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina", advierte. También censura que desde el PSOE se argumente que el interventor no tomara más medidas para frenar las irregularidades tras realizar un informe especial "no previsto en ninguna norma", cuando ni desde Empleo ni desde Hacienda se actuó. Sobre el consejero de Hacienda, señala que "la ley no le impone una respuesta preceptiva ante las auditorías, pero eso no significaba que se limitara a archivar" los informes que le llegaban de la Intervención general."
Saludos.